PDI realizó diligencias para determinar la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El 23 de julio, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, decidió ampliar la investigación del caso Corpesca para indagar la eventual responsabilidad penal de las personas jurídicas.
“Habiéndose tomado conocimiento de la eventual participación de la empresa controlada (…) bajo la representación de las personas naturales imputadas en esta causa, en la comisión de delitos de cohecho y lavado de activos, y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos (…) y delitos de cohecho, se decide ampliar la investigación con el fin de determinar la eventual responsabilidad penal de Corpesca”, se indica en un escrito que forma parte del expediente de la causa.
En el texto se agrega que “se decide ampliar la investigación en contra de las personas jurídicas que durante el curso de la investigación sean también responsables”.
En esta línea, Chahuán instruyó a la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI realizar diligencias para establecer la eventual responsabilidad penal de la empresa.
Una de las diligencias ordenadas fue “establecer la existencia de modelos de prevención de delitos”. En el caso de que exista, solicitó a la policía “obtener, mediante entrega voluntaria, copia del modelo de prevención del delito, individualizar al encargado de prevención, e identificar a los diseñadores del modelo y a los encargados de su implentación al interior de la empresa”.
También ordenó “señalar el número aproximado de trabajadores, de cualquier título o cargo” y “obtener, mediante entrega voluntaria, copias del organigrama de la empresa en la cual conste la división interna de las labores”. Esto, entre 2009 y 2014.
Otra de las peticiones fue “obtener, mediante entrega voluntaria, copias de poderes donde consten calidad de representantes de la empresa” y tomar declaración como testigo a trabajadores de diferentes niveles, de acuerdo a un cuestionario tipo.
El 12 de agosto, la PDI concluyó, en un informe de 41 páginas, que “se puede establecer la existencia del modelo de prevención de delitos”. En ese documento se indicó que “la empresa auditora Deloitte fueron los diseñadores del modelo”.
FUENTE: La Tercera. Puedes leer toda la noticia pinchando Aquí
