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Empresas a la cárcel

En septiembre pasado, la Fiscalía pidió audiencia para formalizar a Penta por soborno. No es la primera: en 2013 Salmones Colbún fue condenada y a los pocos meses dejó de existir. Hoy el Ministerio Público está más atento a los casos de corrupción que involucran ya no sólo a sus dueños y gerentes, sino que a la propia compañía. Corpesca está en la mira.

Primero vino la advertencia del ex contralor de Penta Rodrigo Muñoz, quien propuso a los controladores del grupo, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, una línea de denuncia, para que sus empleados pudieran revelar irregularidades y delitos al interior de las empresas. Pero su idea no tuvo cabida.

Sólo seis meses antes de que estallara el caso que involucró a Penta en el financiamiento ilegal de la política, sus ejecutivos recibieron la propuesta de implementar un modelo de prevención de delitos en sus sociedades de inversión. También fueron visitados por una certificadora, firma que legitima el cumplimiento de esos modelos y detecta los riesgos a los que se podría enfrentar una empresa, pero finalmente no hubo interés de los dueños ni por un modelo y menos por la certificación.

Esto aun cuando desde fines de 2009 ya no sólo las personas pueden ser condenadas por delitos. También las empresas: la Ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y soborno/cohecho a funcionarios públicos.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) consideró este último delito para querellarse en contra de Empresas Penta, en marzo pasado. Lo mismo hizo la Fiscalía, el 10 de septiembre, cuando Sabas Chahuán solicitó, ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, una audiencia para formalizar a tres sociedades de Penta: Empresas Penta S.A., Inversiones Penta III e Inversiones BanPenta, la que se realizaría dentro de este mes. De haber tenido un modelo, el grupo se habría “librado” de esta formalización: la ley absuelve de esa responsabilidad a la empresa que cuente con un modelo adecuado y eficiente, que generalmente se garantiza con la certificación.

El tema no es menor: dentro de las penas que dicta la ley se encuentra la alternativa de disolver a la empresa que incurre en estos delitos,  aunque el gran problema es cómo una empresa puede afectar su prestigio cuando se enfrenta a una contingencia como ésta. “Es relevante que las compañías entiendan que tener un modelo implementado y certificado es crucial al momento de proteger los intereses de los inversionistas y accionistas que están detrás, porque la experiencia chilena nos indica que desde el punto de vista de la reputación, las empresas pierden mucho valor por el solo hecho de existir una investigación en su contra”, explica Matías Balmaceda, abogado con gran experiencia en el tema: ha implementado el modelo en más de 60 empresas, entre ellas el Grupo Falabella, CMPC, Transelec, Inmobiliaria Manquehue. Por ese servicio, se cobra entre $ 7 millones y $ 25 millones.

Los casos de empresas chilenas formalizadas por esta ley, en todo caso, son contados con los dedos de la mano. Eso hace que haya poca conciencia de los riesgos que se corren, aun cuando las compañías se exponen no sólo a ser liquidadas, también a que se les prohíba celebrar temporal o permanentemente contratos con organismos del Estado, lo que puede ser fatal, sobre todo para las empresas chicas y medianas. Un punto no menor: la firma puede ser formalizada incluso, si quien cometió el delito fue un empleado y no su dueño.

FUENTE: Revista QUÉ PASA. Puedes leer toda la noticia pinchando Aquí

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