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Lecciones del caso SQM

TODA COMPAÑÍA  que haga negocios con EEUU (vía filiales, instrumentos transados en ese mercado, participación en cadenas de proveedores e incluso viajes de negocios de sus ejecutivos a ese país)

debe tener claros los riesgos asociados a la Ley de Prácticas Anticorruptas en el Extranjero (FCAP). Aprobada en 1977, ha comenzado a aplicarse con más frecuencia y rigor durante la última década. Esto, en el marco de una mayor fiscalización por parte del Departamento de Justicia y la SEC, multas millonarias, penas de prisión y un creciente alcance extraterritorial.

A partir de Sarbanes-Oxley (2001), ha tomado aún más relevancia debido a que ésta exige precisión en los registros contables, algo imposible si hay pagos indebidos o transacciones artificiosas. Adicionalmente, la Ley Dodd-Frank (2010) otorga como recompensa de 10% a 30% del monto de la multa a quien entregue información que conduzca a una sanción por infringir la FCPA, lo que, junto a políticas de “whistleblowing”, ha contribuido a destapar casos.  La FCPA incluye provisiones anti-cohecho que prohíben ofrecer, prometer, pagar y/o autorizar, directamente o a través de un intermediario, un soborno a un funcionario público extranjero, incluidos partidos políticos y candidatos, con el fin de obtener una ventaja indebida. También contiene provisiones contables, que exigen que estados financieros y registros “reflejen de manera precisa y transparente las transacciones y administración de activos” y exista “un sistema de controles internos que dé garantías de que dichos registros sean verídicos”. Las disposiciones contables son independientes de las de anti-soborno, es decir, se investigan y sancionan exista o no cohecho. Las facturas y boletas emitidas por SQM que fueron rectificadas ante el SII, sobre las que informó La Tercera en base al reporte de Shearman & Sterling, constituirían una violación a las normas contables de SQM, empresa  emisora en el mercado estadounidense. Esos pagos por más de US$ 14 millones a personas políticamente expuestas no fueron informados como tales en los formularios 20-F que SQM entregó a la SEC.  La falta de controles internos que hizo que estas transacciones no fueran detectadas también serían una transgresión.

La Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, ha llevado a empresas locales a implementar modelos de prevención para reducir el riesgo de corrupción entre empleados, ejecutivos y directores. Sin embargo, su acotado ámbito de aplicación hace que quede corta con respecto del establecimiento de programas de compliance que aborden situaciones como estas.

Solo como ejemplo, los controles internos deberían apuntar a que toda transacción se apruebe previamente y registre con exactitud; pagos a terceros se autoricen solo si se justifican su necesidad y propósito; los antecedentes de personas naturales y jurídicas contratadas se verifiquen para comprobar su integridad e identificar relaciones con PEPs; y se exijan aprobaciones especiales para realizar pagos sin licitación previa.

Es de esperar que, ante lo ocurrido con SQM, las empresas chilenas comiencen a tomar en serio la importancia de contar con modelos de compliance que apunten no sólo a cumplir con la ley sino que también a crear valor a través de una cultura interna de transparencia, la protección del patrimonio de todos los accionistas y, a la larga, el fortalecimiento del modelo de mercado.

FUENTE: La Tercera. Puedes leer toda la noticia pinchando Aquí

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